Reparto fondos europeos españa

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Servicios comunitarios y públicos después de COVID

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Poco a poco, las instituciones de la UE acordaron adoptar nuevas medidas para hacer frente a la crisis económica y ayudar a los Estados miembros. A mediados de marzo, Christin Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), adoptó el Programa de Compras de Emergencia para la Pandemia (PEPP), un programa temporal de compras de 750.000 millones de euros para hacer frente a la emergencia de la pandemia. El Consejo de Gobierno del BCE estableció que las compras se harían en la medida en que fueran “necesarias y proporcionadas” para alcanzar los “objetivos del mandato”[5] El 4 de junio de 2020, el BCE decidió ampliar este programa y le añadió 600.000 millones de euros, para un total de 1350.000 millones de euros. [6] El 19 de marzo de 2020, la Comisión Europea adoptó un marco temporal que permitía a los Estados miembros flexibilidad para apoyar sus economías nacionales con paquetes estatales de recuperación,[7] seguido dos días después por el acuerdo del Consejo de Gobierno del BCE de flexibilizar las normas fiscales “iniciando la cláusula general de escape del pacto de estabilidad y crecimiento”[3] El 15 de mayo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) también intervino y creó el “apoyo a la crisis pandémica”[8].

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Anoche, la Comisión Europea (CE) envió un comunicado de prensa en el que afirmaba que todos los Estados miembros de la UE han aprobado formalmente la decisión de recursos propios de la UE para el presupuesto de la UE 2021-2027. Esto implica que la CE puede empezar a emitir títulos de deuda de la UE para financiar el Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR) de 672.500 millones de euros (a precios de 2018). Recordemos que el FRR consta de 312.500 millones de euros en subvenciones y 360.000 millones de euros en préstamos baratos (en total, alrededor del 5% del PIB de la UE27). Los Estados miembros más afectados, como España e Italia, pueden optar a la mayor parte de las subvenciones en términos de euros, mientras que en términos de porcentaje del PIB, por ejemplo, Grecia se beneficia aún más (figuras 1 y 2)[1]. En cuanto al componente de préstamo, todos los países pueden solicitar préstamos por valor del 6,8% de su renta nacional bruta de 2019. El FRR y, por tanto, los desembolsos, se extenderán de 2021 a 2026.

El plazo para que los Estados miembros presenten sus planes “definitivos” de recuperación y resiliencia a la Comisión Europea (CE) finalizó a finales de abril. En el momento de redactar este informe, 23 de los 27 Estados miembros han entregado sus planes. Faltan los planes de Letonia, Malta, Estonia y los Países Bajos, que están inmersos en duras conversaciones de coalición tras las elecciones del 21 de marzo. Por el momento, el incumplimiento del plazo del 30 de abril no tiene consecuencias reales, ya que los planes aún pueden entregarse, pero no está claro si existe un plazo estricto más allá del cual los países ya no podrán solicitar fondos.

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Resumen: El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (el Plan), aprobado por la Comisión Europea en junio, movilizará hasta 140.000 millones de euros de fondos. Actualmente, España está ejecutando el primer tramo, por un importe de 69.530 millones de euros -transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRF). Aunque la ejecución de las inversiones contempladas en el Plan se prolongará hasta 2026, el 70% de los fondos del FRR tienen que estar comprometidos en 2021-2023. Esto significa que quedan poco más de dos años para que se materialicen unos compromisos muy ambiciosos. A tenor del desglose presupuestario contemplado en el Plan para 2021 y de la información que se desprende de las licitaciones publicadas hasta octubre (inclusive), aún queda un volumen importante de fondos por ejecutar antes de que finalice el año. Además, los niveles de ejecución de los distintos motores y componentes del Plan están siendo desiguales. No obstante, los fondos del FRR que no se ejecuten en 2021 se trasladarán al presupuesto del próximo año. Los presupuestos generales del Estado para 2022 contemplan 26.900 millones de euros de inversiones en el marco del Plan. Esta cantidad supone un aumento del ritmo de las inversiones y reformas de más del 10% con respecto a 2021.

EUOSHA

La partida para los fondos europeos se jugará en abril. Para el 30 de abril se espera que los 27 Estados miembros de la UE hayan ratificado el fondo de recuperación de la UE, que ha sido bautizado como “Next Generation”, el nuevo techo presupuestario para el presupuesto a largo plazo de la UE 2021-2027 o “marco financiero plurianual” y el acuerdo de deuda conjunta que la UE necesita para poder aplicar todo esto.

No hay ningún analista, ni en España ni a nivel mundial, que considere un escenario realista que España se vea privada de los fondos europeos y que no vea su solvencia y su capacidad de obtener financiación de los mercados muy deteriorada. Ninguno.

¿Cómo? Poniendo en peligro la independencia del poder judicial, evitando las reformas estructurales que necesita España, con campañas salvajes de desprestigio de los países socios, por puro interés partidista, por ejemplo en lo que se refiere a los turistas franceses en Madrid, y un largo etcétera.

Anteriormente, he venido advirtiendo que uno de los mayores riesgos es que los planes de gasto españoles de la “Próxima Generación de la UE” se conviertan en un nuevo “Plan E”, un empeño fallido del anterior PM español Zapatero, por el que España acabó recayendo en una profunda crisis financiera, en 2011 y 2012.